La condena al fiscal general del Estado: «El Estado de Derecho ha triunfado»
Juan Antonio Frago Amada, Abogado penalista, fiscal en excedencia y acusador en este proceso
El Estado de Derecho ha triunfado y, al mismo tiempo, ha dejado al descubierto un enorme fracaso institucional. La condena del Fiscal General del Estado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo demuestra que, pese a los intentos de influir en el proceso desde la propia Presidencia del Gobierno, desde una parte nada pequeña de la prensa nacional y mediante el despliegue espurio del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado, la legalidad penal ha acabado imponiéndose. Se pone así fin a un mandato ya cuestionado por desviaciones de poder y rematado con el indigno broche de una sentencia condenatoria.
La sentencia declara probado que fue el Fiscal General del Estado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien filtró el correo que ponía en jaque el derecho constitucional de un ciudadano que, además, mantiene una relación afectiva con la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Pocas cosas erosionan más la confianza en la Justicia que ver cómo quien debe salvaguardar las garantías procesales convierte en munición política una comunicación reservada entre abogado y Fiscalía.
Que una institución llamada a ser imparcial y dotada de autonomía constitucional se preste a estos juegos políticos –por muy benigna que resulte la pena– es de una gravedad insólita. Y aquí aparece un dato apenas subrayado: la directora de comunicación del Fiscal General procedía de la Presidencia del Gobierno y, en el momento del juicio oral, seguía siendo su persona de máxima confianza. Aquella noche el tráfico de llamadas entre ambos fue intenso, incluyendo comunicaciones por WhatsApp. No es irrelevante que esa cadena de contactos coincida con las horas en que por primera vez se difunde el contenido literal del correo y se prepara la nota informativa.
La sentencia sitúa la filtración del correo y la posterior nota informativa dentro de un mismo plan: hacer pública, por vías formales e informales, una información que nunca debió salir del ámbito estrictamente procesal. No es cierto, por tanto, que la nota de prensa haya quedado “extramuros” del juicio. Muy al contrario, se integra en el relato fáctico que sustenta la condena.
En este contexto, merece ser reconocido el papel de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Con un coste interno relevante, ha optado por cumplir su deber constitucional y denunciar lo que es el episodio más grave de corrupción interna que ha conocido la Carrera Fiscal.