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Los juristas consultados por THE OBJECTIVE advierten de que estar investigado no supone «un escudo automático»

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha causado un auténtico terremoto político. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le ha citado el próximo 2 de junio. Diversos juristas explican a THE OBJECTIVE que ese escenario evitaría una eventual extradición a Estados Unidos, que sigue pesquisas contra dirigentes chavistas y sus colaboradores. No obstante, los expertos advierten de que la existencia de una investigación no supone «un escudo automático» y que tan solo aplazaría su entrega si lo reclama la Administración Trump. El nombre del expresidente del Gobierno ha salido a relucir en las declaraciones del antiguo jefe de la inteligencia venezolana Hugo Armando El Pollo Carvajal, encarcelado en el país norteamericano tras ser extraditado desde España.

Calama imputa a Zapatero los delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El magistrado destaca su papel en el rescate por 53 millones de euros que concedió el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021. También le atribuye el liderazgo de una estructura jerarquizada de tráfico de influencias y señala su «intervención directa» en operaciones de oro y petróleo venezolano, lo que supondría que Estados Unidos le tendría en su punto de mira como colaborador del régimen chavista.

La Administración Trump ya capturó el pasado enero a Nicolás Maduro. La Fiscalía de Nueva York le acusa de narcotráfico y narcoterrorismo, aunque él se declara inocente. La Fiscalía de Miami ha abierto recientemente una nueva investigación que coincide con la deportación de Alex Saab, al que Estados Unidos seguía la pista desde hace años por presunto blanqueo de dinero. El exministro de Industria ya pasó dos años en una cárcel norteamericana, pero Joe Biden lo indultó en 2023 y volvió a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros.

Zapatero y Venezuela

Las pruebas que cercan a Zapatero parten de Estados Unidos. El auto revela que la agencia Homeland Security Investigations (HSI) trasladó a la justicia española información del móvil de un exdirectivo de Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes. Las explicaciones de El Pollo Carvajal han sido fundamentales en el país norteamericano. Fue detenido en Madrid en septiembre de 2021 y extraditado dos años más tarde porque, en su caso, no había ninguna investigación abierta en España. La Administración Trump le acusa de narcoterrorismo, pero su participación es clave en la investigación contra Maduro y otros dirigentes chavistas.

El que fuese jefe de la inteligencia venezolana durante una década ha sacado el nombre de Zapatero en sus declaraciones, lo que, según las fuentes consultadas, habría puesto en alerta a las altas instancias del Estado. Tanto que, aseguran, ese escenario habría apremiado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a cerrar las pesquisas contra el expresidente del Gobierno. Al ser un nacional investigado en España, el artículo 4.5 de la Ley de Extradición Pasiva descarta cualquier reclamación de terceros países.

«Si los hechos se investigan ya en España, nunca se concederá la extradición de un nacional», subraya Juan Antonio Frago, en Frago & Suárez. No obstante, este experto penalista sostiene que si Estados Unidos le atribuyera delitos distintos por los que se le investiga aquí, entonces podría reclamar su extradición. «Hubo extradiciones a Francia para que los etarras fueran juzgados y cumplieran sus penas en ambos países, pero en un escenario como este es imposible», insiste este fiscal en excedencia.

Una línea que defienden otros abogados, como Álvaro Sánchez del Olmo. Este penalista considera que si una futura imputación en Estados Unidos tuviera otra significación, por ejemplo, una causa que estuviese relacionada con tramas en Venezuela o con narcotráfico, como en el caso de Maduro, «nadie lo podría impedir». En su opinión, por los mismos tipos penales que se investiga a Zapatero en España, sería complicado extraditarle en virtud del artículo 4.5 de la Ley de Extradición Pasiva.

«No impide la extradición automática»

Sánchez del Olmo sugiere que la imputación del expresidente del Gobierno podría suponer «una salvaguarda» para evitar una eventual extradición a Estados Unidos: «Hay información que se nos escapa», lamenta. Otros profesionales señalan que la UDEF y la Audiencia Nacional habrían acelerado el proceso contra Zapatero para blindarle ante terceros países.

«La imputación de la Audiencia Nacional no impide de forma automática la extradición a Estados Unidos. Deben examinarse diversos elementos, como la doble incriminación, esto es, que los hechos sean delito en ambos ordenamientos. Además, España no está obligada a entregar a sus nacionales. Puede denegar la extradición cuando el reclamado es español, salvo que el tratado prevea reciprocidad», explica María de la Torre, penalista en Govcom Abogados.

De la Torre señala que, si los hechos que investiga España coinciden sustancialmente con los que reclama Estados Unidos, la Audiencia Nacional puede considerar que es más adecuado que el caso se instruya y juzgue en nuestro país, lo que fundamentaría su denegación. Y concluye: «Esto no es un escudo automático. La existencia de imputación por sí sola no basta; el juez debe valorar si los hechos son esencialmente los mismos o si hay otras causas».

«La clave aquí es distinguir dos planos. Una cosa es el ruido político o mediático sobre una posible actuación de Estados Unidos y otra que exista una solicitud formal de extradición, que hasta donde se conoce públicamente no parece que esté encima de la mesa», recalca Eduardo Muñoz Simó, socio director de Simó Abogados. En su opinión, si la Administración Trump reclama a Zapatero, el hecho de que esté investigado en España puede complicar bastante el escenario.

Medidas cautelares

Muñoz Simó destaca que el Estado requerido no actúa de forma automática en cuestiones de extradición. Tiene que comprobar la doble incriminación, la naturaleza de los hechos, las garantías del procedimiento y, además, si en España existe una causa abierta que pueda verse afectada. «Si la Audiencia Nacional lo ha citado como investigado y está practicando diligencias, lo razonable es que primero quiera avanzar en su propio procedimiento. Eso puede traducirse en una denegación temporal, una suspensión o un aplazamiento de la entrega, dependiendo de cómo se formule la reclamación y de si los hechos coinciden o no».

Zapatero está citado el 2 de junio en la Audiencia Nacional. Acusaciones populares como Vox y Hazte Oír ya han avanzado que pedirán al juez que le retire el pasaporte, le prohíba abandonar España y le obligue a comparecer cada 15 días en los juzgados porque con sus contactos «de alto nivel» existe «riesgo de fuga». Otras organizaciones, como Iustitia Europa, van más lejos y solicitarán prisión provisional. Como avanzó este diario, el expresidente del Gobierno canceló este martes un vuelo a Caracas, donde iba a participar en un encuentro con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea de Venezuela.