Apif pide al juez que investiga al fiscal general que solicite información a las sedes de Google y Whatsapp en España
Noticia publicada en THE OBJECTIVE>
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)ha recurrido la última decisión del juez que investiga a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. La organización, personada en la causa en el Tribunal Supremo, pide al magistrado que solicite información del teléfono del fiscal general a las sedes españolas de Google y WhatsApp. Considera que las comisiones rogatorias que dictó Ángel Hurtado el pasado lunes, que deben llegar a Irlanda, puede paralizarse porque «requiere de la colaboración del ministro de Justicia y del magistrado de enlace, ambos nombrados por el Gobierno y, por tanto, susceptibles de tener un interés directo en la causa».
En el recurso de reforma al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los abogados de APIF en la causa contra García Ortiz precisan que están de acuerdo con el fondo del auto de Hurtado, pero plantean ampliarlo. Consideran necesario pedir información en las sedes españolas de Google y Meta, matriz de WhatsApp.
El juez emitió el pasado lunes sendas comisiones rogatorias previa petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sin embargo, estas se deben remitir a Irlanda, donde se encuentran sus oficinas centrales.
Los mensajes de García Ortiz
La asociación que preside Miguel Pallarés señala en el escrito que las comisiones rogatorias emitidas requieren la colaboración del ministro de Justicia (Félix Bolaños) y de la magistrada de enlace (Paloma Conde-Pumpido, hija del presidente del Tribunal Constitucional), ambos nombrados por el Gobierno. Eso les convierte en ser «susceptibles de tener un interés directo en la causa, ya sea a voluntad propia, ya sea a requerimiento de quienes le designaron».
Para Apif, esta conjunción de factores (acudir a Irlanda y depender de personas ligadas al Gobierno) «podría provocar que la fase de instrucción quedase indefinidamente paralizada a la espera de conseguir esos datos, cuya obtención podría demorarse a voluntad». La asociación insiste en que todo esto frustraría el desarrollo normal del proceso que sigue el Supremo contra García Ortiz desde el pasado octubre.
«No nos oponemos a que se emitan las comisiones rogatorias. Sin embargo, dado que ambas compañías tienen oficinas en España, por imperativo legal solicitamos que, de forma paralela y complementaria, también libre un oficio a las sedes nacionales correspondientes, por si estas pudieran cumplir el requerimiento más rápidamente», subraya el escrito de Apif. La asociación crítica con García Ortiz incluye incluso las direcciones a las que puede dirigirse el magistrado.
Hurtado dictó el pasado lunes sendas comisiones rogatorias en la que solicita a WhatsApp y Google que aporte datos de las cuentas de usuario de García Ortiz entre el 7 y el 14 de marzo, los días clave en los que habría tenido lugar la filtración de datos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El magistrado acordó esta diligencia a petición de la UCO, a la que también autorizó a realizar este mismo miércoles una nueva copia del teléfono del fiscal general para comprobar sus conversaciones.
Petición de la UCO
El magistrado explicó que adoptaba la decisión al considerar que la solicitud de la UCO era «razonable» y «coherente» para intentar recuperar la información de las aplicaciones de mensajería vinculadas a los teléfonos de García Ortiz. Esta medida tiene lugar después de que la Guardia Civil informara al juez de que había hallado «cero mensajes» en los dispositivos que le fueron incautados al fiscal general durante el registro en su despacho el pasado 30 de octubre.
Un informe de la Guardia Civil demuestra que se borraron, ya que el análisis de otros terminales incautados constata que existieron conversaciones con diferentes subordinados, entre ellos la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada. La Fiscalía excusó a García Ortiz afirmando que los datos se eliminan de forma periódica. Sin embargo, los fiscales que declararon como testigos en el Supremo, Almudena Lastra y Julián Salto, negaron la existencia de dicho protocolo.
En un informe posterior, la UCO determinó que García Ortiz cambió de teléfono el pasado 23 de octubre. Esa fecha coincide con la semana en la que el Supremo imputó al fiscal general por una presunta revelación de secretos. Como avanzó este diario, el fiscal general también habría cambiado de número, según acreditan los mensajes sin personalizar que envió a sus contactos.
