Fernando Grande-Marlaska ha elegido como jefe de la Policía Nacional en Cataluña a a un comisario imputado por acoso laboral, lesiones psíquicas y prevaricación. Una juez de Madrid investiga si Manuel Rodríguez Jiménez, que llega a la Jefatura Superior catalana tras dirigir la Brigada de Seguridad Ciudadana de Madrid, hizo labores de obstaculización y cambió de destino a un agente de manera arbitraria siguiendo el criterio del jefe de la unidad.

A pesar de que la causa está viva en el juzgado y de que una de las posibilidades es que este asunto acabe en juicio cuando finalice la instrucción, el ministro del Interior ha decidido encomendar a Rodríguez Jiménez una de las jefaturas más ásperas e incómodas de España. La investigación en el órgano judicial está muy avanzada, revelan fuentes judiciales, y únicamente se está a la espera de un informe forense.

La denuncia partió de un policía adscrito a la Brigada de Seguridad Ciudadana de Madrid al sentirse maltratado por el inspector que dirigía su unidad y por el actual jefe de la Policía de Cataluña. Aseguró que tras varios desencuentros, lo cambiaron de destino argumentando que el cambio se debía a necesidades del servicio. Él, en cambio, siempre sostuvo que fue un castigo.

En un primer momento, el juzgado de instrucción inadmitió la denuncia al no apreciar indicios de delito pero, poco después, la Audiencia Provincial de Madrid corrigió la decisión y ordenó que se iniciara la investigación judicial. El tribunal se sorprendía, tal como recoge el auto al que ha tenido acceso este periódico, por la premura con la que la denuncia se había inadmitido. «Concurren indicios, si bien por ahora solo suficientes para el esclarecimiento del hecho y en absoluto para prejuzgar su calificación jurídica, de que bajo un cambio de servicio se oculta una sanción que implica el cese de un servicio y el alta en otro», concluye. El agente tiene un «trastorno ansioso-depresivo».

La Audiencia de Madrid ha tenido en cuenta las grabaciones de voz realizadas por el denunciante a través de su chaleco y abunda en las distintas versiones con las que Rodríguez Jiménez le apartó del servicio aduciendo a causas organizativas. «Es patente la divergencia de los motivos alegados para la remoción del servicio de (…) por parte de D. Manuel Rodríguez Jiménez en la reunión en Jefatura el día 16 de febrero de 2022 y los que fueron reflejados en la resolución de 11 de febrero de 2016», argumentan los jueces. El tribunal llega a hablar incluso de «criterios contradictorios».

El denunciante sostiene que el cambio de destino fue un castigo. En el auto con el que ordena a la magistrada de instrucción que investigue, reproduce las palabras textuales del jefe policial. Se trata de unas palabras que el entonces responsable de Seguridad Ciudadana -hoy jefe de la Policía catalana- da a sus subordinados a propósito de las diferencias entre el agente demandante y el otro inspector -hoy comisario- demandado. «Tengan un poquito de cuidado cuando reflejan algunas ideas, que son libres de hacerlo como consideren oportuno pero… podría darse la circunstancia de que lo que son 67 minutas de apoyo al subinspector se conviertan en una queja colectiva. Las quejas colectivas, hasta donde creo saber, están prohibidas y hasta donde yo sé también en esta brigada (la de Seguridad Ciudadana), no hace tanto tiempo se sancionó a un grupo de trabajo de una unidad, no de la Brigada, de esta Jefatura, por una queja concertada y fue una falta grave con cinco días de suspensión de empleo y sueldo, que eso acarrea algunas consecuencias de cara a su futuro profesional».

Manuel Rodríguez Jiménez y el otro inspector -ahora comisario- prestaron declaración en calidad de investigados el pasado 29 de mayo. Posteriormente, se sentaron ante la juez varios testigos.