Uno de los policías imputados en el momento de golpear con un ariete la puerta del piso de la calle Velázquez de Madrid en la que se celebraba una fiesta ilegal, en marzo de 2021. POLICÍA NACIONAL
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El inquilino que denunció a seis policías nacionales por entrar a la fuerza en un piso de la calle Velázquez de Madrid en pandemia ha retirado la acusación contra ellos, después de que la Fiscalía propusiese llevar a juicio solo al subinspector al mando y de que los agentes aportaran una grabación sobre la intervención. En el escrito presentado el martes al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, el abogado del inquilino, Juan Gonzalo Ospina, comunica la decisión de no dirigir acusación contra los agentes y apartarse del procedimiento, renunciando a la acusación particular que ejercía desde el inicio.
Así lo ha comunicado ahora, tras la vista judicial celebrada el pasado 1 de febrero, que es la prevista en la Ley del Tribunal del Jurado para poner fin a la instrucción y para que las partes concreten la imputación de cara al juicio, soliciten el sobreseimiento o pidan diligencias de investigación. En esa vista el letrado del inquilino defendió que aquel 22 de marzo de 2021 se produjo un delito de allanamiento de morada y un delito contra la libertad personal cometido por funcionarios públicos. El querellante, de origen libanés, prestó declaración durante una hora.
Por su parte la Fiscalía atribuyó al subinspector al mando de la intervención un delito de allanamiento de morada, mientras que eximió a los otros cinco agentes porque actuaron “en cumplimiento de una orden dada dentro de las competencias” que marca su “superior jerárquico”.
El letrado del subinspector, Juan Antonio Frago, ha explicado que en esa vista esta defensa exhibió una grabación de una bodycam de los agentes, que en su opinión demuestra “la falsedad de la querella y de su testifical”. Ha precisado que, con la renuncia de la acusación particular, la causa contra su cliente queda muy debilitada y confía en el sobreseimiento por parte de la jueza. Los otros agentes quedarían exonerados al no ver la Fiscalía delito contra ellos.