La defensa del oficial imputado rechaza el acuerdo alcanzado por el resto de las partes. «Francisco Camps no conformó y fue absuelto», recuerda su abogado, Juan Antonio Frago, que representó a los acusados en el conocido como caso ‘de la patada en la puerta’ de la calle Lagasca de Madrid

Todavía queda ratificarlo en sala, pero a día de hoy tres de los cuatro policías locales de Badajoz acusados de irrumpir en una vivienda de Valdepasillas y agredir a sus inquilinos el 30 de mayo de 2020, durante el confinamiento por la pandemia, mantienen el acuerdo alcanzado entre la fiscalía, la acusación particular y las defensas que les evitará el juicio. No será así en el caso del cuarto, un oficial, que ha rechazado el pacto y, si no hay cambios, será enjuiciado en la Audiencia Provincial de Badajoz a partir del próximo 19 de junio. 

Su defensa está ahora en manos de Juan Antonio Frago, exfiscal y abogado conocido, entre otros, por el denominado caso de ‘la patada en la puerta’ de la calle Lasgaca de Madrid. Él representó a los policías nacionales que fueron absueltos por un jurado popular de un delito de allanamiento de morada, después de que derribaran con un ariete la puerta de un piso donde se celebraba una fiesta ilegal al estar en vigor las restricciones por la pandemia. 

«Evidentemente, nuestro cliente no va a llegar a ningún tipo de acuerdo con la fiscalía ni la acusación, porque entiende él, y yo también, que la actuación fue plenamente legal», señaló Frago a este diario.

A su juicio, el acuerdo alcanzado por el resto de las partes es un «riesgo» que asumen el resto de los policías locales encausados y que, en su caso, no van a correr. «Ha pasado recientemente con Francisco Camps (el expresidente de la Comunidad Valenciana), que ha sido absuelto, mientras que otras personas que conformaron, han sido condenadas», recordó el abogado en referencia a la reciente sentencia que ha eximido de responsabilidad al expolítico valenciano tras un el juicio por una de las piezas del caso Gürtel.

En el caso de los tres agentes, el acuerdo conllevaría 2 años y medio de prisión y una inhabilitación profesional significativamente menor a la que podrían enfrentarse, pero para el oficial, según han trasmitido a Frago, pues él no se ha reunido con la fiscalía, serían 5 años más de cárcel, es decir, 7 años y seis meses, «por el solo hecho de ser el superior jerárquico», apuntó. Esta pena implicaría, según su defensa, su ingreso en prisión, lo que no le ocurriría a sus compañeros.

«En el momento actual, la idea que tenemos es celebrar el juicio», reiteró el abogado, quien no considera que su cliente se vea perjudicado por la conformidad del resto de los acusados. «A Camps, por lo que se ve, no le supuso un problema. Cada uno hará sus cálculos y sus composiciones de lugar, pero a nosotros es algo que no nos preocupa en particular. Vamos a ir a por la absolución», señaló Frago.

 Ley de Enjuiciamiento Criminal solo contempla la conformidad como un acto procesal unánime,  de todos los acusados, para evitar el juicio. Sin embargo, en la práctica es habitual la conformidad parcial, es decir, solo de parte de los acusados. En este caso, los tres policías locales reconocerían los hechos y aceptarían las penas e indemnizaciones acordadas con la fiscalía y continuaría el procedimiento penal solo contra el oficial.

La fiscalía y la acusación particular, en sus escritos provisionales, solicitaron 23 años de prisión para los cuatro imputados por los delitos de allanamiento de morada, agresión, detención ilegal, falsedad documental, denuncia falsa y falso testimonio. 

Según su relato, dos de los agentes acudieron por «iniciativa propia» al piso de los demandantes, en el que en esos momentos había 5 personas -el inquilino, su pareja y tres amigos más-, pasadas las cuatro de la madrugada del 30 de mayo de 2021 porque estaban causando «posibles molestias» a los vecinos. Solicitaron el DNI al primero para denunciarlo, pero este se negó a dárselo alegando que estaba en su domicilio.