Pedro Sánchez está dispuesto a legislar de nuevo al dictado de los independentistas catalanes. Y a hacerlo para que le permitan avanzar en la legislatura recién nacida, en la que el Gobierno del PSOE y Sumar ha vivido ya sus primeros apuros parlamentarios. Una semana después de que Junts per Catalunya frenase en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía, devolviendo al punto de partida de la Comisión de Justicia el texto que incluía los delitos de terrorismo del ‘procés’ entre los amnistiables, el presidente del Gobierno ofreció este lunes a los de Carles Puigdemont una nueva cesión para salvar una ley sin la cuál la viabilidad de su mandato estaría más que en entredicho.

No en el redactado de la norma, que los socialistas no ven posible retorcer más sin poner en riesgo su paso por el filtro del Tribunal Constitucional (TC), pero sí en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que acote la labor de los jueces de instrucción. En síntesis, una norma cuasi ‘ad hoc’ contra las actuaciones de magistrados vilipendiados en las últimas semanas por los aliados del Gobierno, como Manuel García-Castellón, quien desde la Audiencia Nacional ha sostenido las acusaciones de terrorismo en la causa contra Tsunami Democràtic.

El anuncio lo hizo el jefe del Ejecutivo este lunes en el plató de La Sexta, durante una entrevista en el programa Al Rojo Vivo. Evitó ser totalmente preciso e incluso sintético en sus palabras, pero éstas no llamaron al engaño: «Yo creo que hay un elemento también, que hemos visto durante estas últimas semanas, de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales pues han puesto en cuestión. Son elementos que, además, se incardinan perfectamente con una reforma que hemos convalidado con los últimos reales decretos leyes, que es el de la eficiencia de la Justicia. En fin, creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener esta formaciones políticas».

Sánchez volvió a negar tajantemente que pueda haber delitos de terrorismo relacionados con lo que ocurrió en Cataluña entre la declaración de independencia de otoño de 2017 y las violentas protestas callejeras de dos años después, en 2019, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo (TS). «Es de sentido común», zanjó, si bien su respuesta fue algo más vacilante cuando se le recordó que sobre los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) pesa una acusación de terrorismo precisamente de la Fiscalía. Con la intención de reforzar su argumento, Sánchez aseguró que a su juicio las algaradas sufridas desde hace meses en las inmediaciones de la sede socialista de Ferraz, que el PSOE ha denunciado ante la Fiscalía, tampoco pueden ser consideradas terrorismo.

Expertos en derecho procesal y penal consultados por este diario desconfían del recorrido del anuncio de Sánchez sobre la modificación de la Lecrim como solución para desatascar la negociación de la amnistía con Junts. Hasta que haya una propuesta en firme, lo reciben más bien como un «fuego de artificio» que «puede quedarse en el tintero, como lo fue su propuesta para retirar el aforamiento a los diputados y senadores», afirma una de las fuentes consultadas.

«Fijar límites temporales a la investigación judicial -que es la propuesta del presidente del Gobierno- no significa que la investigación se vaya a sobreseer. Limitar los plazos de la instrucción tiene sentido cuando hay una persona privada de libertad, lo que se conoce como una causa con preso, y este no es el caso», explica el catedrático de Derecho Procesal Juan Luis Gómez Colomer. El experto aclara que dicha limitación de los tiempos de instrucción implicaría la puesta en libertad del investigado una vez se cumplan los plazos». Es lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no pueden pasar más de 90 días entre la formulación de la acusación contra una persona y el inicio del juicio contra ella.

En otros países europeos, como Alemania e Italia, también existen límites temporales a las investigaciones. En estos lugares, a diferencia de España, son los propios fiscales quienes se ocupan de la instrucción y no el juez. Precisamente la vuelta a la anterior redacción del artículo 324 de la Lecrim -la actual se aprobó en 2020 a instancias del propio PSOE «para acabar con la impunidad del PP»- implicaría que los fiscales, con carácter exclusivo, son quienes solicitan al juez más meses para continuar con la causa, frente a la acusación particular. La modificación que propone Sánchez supondría, por lo tanto, dejar dicha decisión en manos del Ministerio Público. El abogado y exfiscal Juan Antonio Frago explica que la imposición de límites temporales a las investigaciones implica que, en caso de que haya pasado el plazo y no se haya podido tomar declaración al investigado, la causa «se acabó», situación en la que se encontraría Puigdemont con el caso Tsunami, donde García-Castellón le sitúa «en el vértice de la organización».

El penalista Pablo Molina Borchert explica que la idea del presidente del Gobierno parece no tener mucho recorrido para el caso concreto de las causas que preocupen a Puigdemont, puesto que «procesalmente no es posible acortar los procedimientos que ya están en curso, que se han iniciado con la Lecrim actual». Además, considera que la modificación legal repercutiría en la calidad de las investigaciones porque «los jueces ya van contrarreloj con los plazos actuales».

En el ámbito político, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, manifestó su intención de respaldar «cualquier propuesta que ayude a desbloquear y a sacar adelante la amnistía», y abogó por una actitud de «flexibilidad» para «posibles soluciones».

La número dos del PP, Cuca Gamarra, acusó a Sánchez de impulsar una reforma para que «sus socios no tengan que rendir cuentas ante la Justicia». Los populares, además, han pedido la comparecencia del fiscal general, Álvaro García Ortiz, después de que el fiscal del TS haya rechazado investigar por terrorismo a Puigdemont, algo que Sánchez criticó en La Sexta por suponer, dijo, «una judicialización de la política».