Manuel Rodríguez, jefe superior de Policía en Cataluña
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Un subinspector adscrito a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana presentó una querella contra dos de sus superiores, entre ellos, Manuel Rodríguez Jiménez
El Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid investiga a dos cargos de la Policía Nacional por la presunta comisión de delitos de acoso laboral, prevaricación administrativa y lesiones psíquicas. La investigación, que sigue su curso en la fase de instrucción, se abrió a raíz de una querella interpuesta por un subinspector de Policía en 2022 contra dos de sus superiores, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Los investigados son Manuel Rodríguez Jiménez, nombrado recientemente por el Ministerio del Interior como jefe superior de Policía en Cataluña, y José David Molano Margallo, inspector jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Madrid. En el momento de los hechos, el primero era Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y el segundo inspector en esta misma unidad, por lo que ambos eran superiores directos del querellante.
Los hechos se remontan al año 2022, cuando el subinspector, adscrito a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, presentó una querella contra estos dos cargos al sentirse maltratado por su superior inmediato y por el por entonces comisario de su unidad. Tras varios desencuentros con ambos querellados, lo cambiaron de destino.
El juzgado madrileño inadmitió a trámite la querella al considerar que los hechos denunciados no era «susceptibles de ser subsumidos en ningún precepto penal». En febrero de 2023, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso de apelación presentado por la acusación, representada por Verónica Suárez y Juan Antonio Frago, y ordenó reabrir la investigación contra los dos cargos policiales.
El subinspector de Policía fue trasladado a otro destino
El querellante defiende que su cese no se produjo por «prioridad en la cobertura del nuevo servicio policial encomendado y optimización de los recursos humanos de la Plantilla«, tal y como aparece en la resolución, sino que fue un castigo. En el escrito, la magistrada ordena al juzgado de instrucción incoar las diligencias necesarias para «esclarecer en qué medida la resolución de 11 de febrero de 2022 esconde un cambio de destino como sanción, así como en qué medida lo acordado por tal resolución era contraria a Derecho, que ocasiones un resultado materialmente injusto y que fuera dictada ‘a sabiendas’ de la injusticia».
El escrito presenta la existencia de unas grabaciones, realizadas por la cámara de seguridad personal del chaleco del subinspector, en la que Manuel Rodríguez afirma que se traslada al agente porque «consideraba que la actuación el día de San Blas es mejorable, que él no hubiera realizado la entrada en el domicilio porque discrepaba de la flagrancia y que no se cumplieron las órdenes verbales que había impartido específicamente el Jefe de la Unidad». «Él tiene que velar porque la Brigada no esté continuamente en boca de nadie, porque no quiere que nos llamen ‘revienta puertas’ ni ‘asalta pisos'», menciona el comisario.
El agente, que padece un trastorno de ansiedad generalizada tras los hechos, denuncia en su querella haber sido objeto de humillaciones. En otros sucesos, describe la situación que le tocó vivir en una reunión celebrada en las instalaciones de la Jefatura Superior de Policía delante de al menos 60 compañeros. Cuando el actual jefe de policía en Cataluña asume el completamente la responsabilidad del cese y cambio de destino.
El comisario advierte al resto de compañeros
Según defiende la querella presentada por el subinspector, el comisario «como sabe que buena parte de la plantilla está haciendo escritos de apoyo al querellante» tras la intervención del agente en un hecho de violencia de género, intenta disuadirles.
«Tengan un poquito de cuidado cuando reflejen algunas ideas, que son libres de hacerlo como consideren oportuno pero… podría darse la circunstancia de que lo que son 67 minutas de apoyo al subinspector se conviertan en una queja colectiva, las quejas colectivas, hasta donde creo saber, están prohibidas y hasta donde yo sé también en esta Brigada, no hace tanto tiempo, se sancionó a un grupo de trabajo de una unidad, no de la Brigada, de esta jefatura, por una queja concertada y fue una falta grave con 5 días de suspensión de empleo y sueldo, que eso acarrea algunas consecuencias de cara a su futuro profesional», comentó el comisario.
En este momento la causa continúa en fase de instrucción, a la espera de que se presenten los escritos de conclusión de las partes. Fuentes jurídicas explican que estas diligencias están en la última fase de instrucción y que, al acordarse la reapertura en febrero, ya se han tomado declaración a las partes.
El siguiente paso, será que el juez instructor decida archivar la causa o, por el contrario, sentar en el banquillo al inspector de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y al actual jefe de Policía en Cataluña, recién nombrado por Fernando Grande-Marlaska.