El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida este miércoles, del Tribunal Supremo – (EPA) EFE
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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha respondido al juez Ángel Hurtado tras la denuncia del imputado fiscal general por la difusión del contenido del tráfico de contactos de su teléfono móvil
La queja planteada por el fiscal general del Estado tras la publicación del informe de la UCO en el que aparecían las llamadas realizadas por Álvaro García Ortiz los días de la filtración ha tenido respuesta por parte de los fiscales personados en la causa representados por APIF.
La queja de García Ortiz, denuncian, «pretende afectar a la independencia judicial». En su opinión, «carece de todo sustento legal, toda vez que la fuerza policial investigadora no tiene ninguna base legal para cercenar contenidos a su antojo, sino que debe hacer, precisamente, como ha hecho la UCO, incluir todos los datos que no afecten a la esfera más personal del investigado», han alegado en un escrito al juez Ángel Hurtado.
«La fiscalía como institución ha entablado contacto con los medios de comunicación para trasladarles datos que no estaban a disposición ni del tribunal ni de las acusaciones. Por eso, resulta sumamente llamativo que quien está filtrando denuncie a su vez filtraciones (además, de forma infundada)», razonan.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha mostrado su preocupación por la sanidad de la Justicia española cuyo máximo gobernante realiza «conductas impropias» a su cargo. «¿Es razonable que la cabeza del Ministerio Fiscal, órgano encargado de defender la legalidad, elimine intencionalmente los mensajes de su teléfono móvil el mismo día en el que el Tribunal Supremo abre contra él una causa penal?», se cuestionan en la denuncia.
Abogacía del Estado, abuso de derecho
APIF también ha resaltado de nuevo sus quejas hacia la actuación de la Abogacía del Estado, que en su opinión, «está actuando en esta causa de un modo que debe censurarse. Sus representantes están utilizando sistemáticamente los recursos que les ofrece la ley, no para centrarse en combatir las resoluciones concretas que se impugnan, sino para enumerar toda una retahíla de vulneraciones, nulidades, ilegalidades… que no vienen al caso (además, siempre son las mismas) en escritos innecesariamente extensos».
Denuncian que «esta institución está incurriendo en un abuso de derecho no amparado por la ley (art. 7.2 CC)» auspiciada, a su parecer, «para intentar lograr que el Tribunal Supremo no tramite alguno de sus recursos y después poder denunciar esta omisión».
