Noticia publicada en El Periódico de España – Ver en este enlace>
La Sala de lo Contencioso del alto tribunal celebrará una vista el 11 de octubre para oír a tres testigos, entre ellos el superior de la demandante, fiscal jefe de Toledo
Una fiscal de Toledo fue sancionada con 1.500 euros por retrasos injustificados en su trabajo después de que su superior, el fiscal jefe provincial, le pidiera seguir despejando asuntos desde su domicilio, a pesar de que ella se encontraba de baja por un embarazo de alto riesgo.
Su caso ha llegado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ve interés al asunto y ha fijado una vista el próximo 11 de octubre para escuchar a tres testigos y un perito antes de resolver sobre la demanda presentada por la mujer, que busca que se declare que se vulneraron sus derechos y que por ello la sanción debe ser anulada.
Así lo señala una resolución dictada por la Sala Tercera del alto tribunal, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y en la que los magistrados Pablo Lucas, Celsa Pico y Luis María Díez-Picazo aceptan el recibimiento de prueba propuesto por la defensa de la fiscal afectada, que está representada por el abogado y exfiscal Juan Antonio Frago. Consideran que se dan los requisitos para la celebración de esta vista al existir disconformidad sobre los hechos que defienden ambas partes, por lo que la prueba propuesta es “de indudable trascendencia para la resolución del pleito“.
Testigos
Entre los testigos propuestos se encuentra el fiscal jefe de Toledo, Antonio Huélamo, además del delegado de riesgos laborales de la Fiscalía y una funcionaria. Los magistrados también tendrán oportunidad de preguntar al autor del informe pericial aportado por la defensa.
En su recurso, que adelantó Europa Press, la fiscal denuncia “una gravísima situación de acoso por razón de género” contra dicha fiscal, que habría comenzado en junio de 2021, cuando acudió al despacho de Huélamo para informarle de que el médico le había dado una baja por embarazo de alto riesgo.
Añade que, “una vez recibida la noticia”, la conminó a “seguir trabajando en su casa, a fin de despachar su lote, pese a dicha situación de baja por embarazo de alto riesgo y con pleno conocimiento de que la orden dada era absolutamente ilegal“.
Poco después, ya en julio de 2021, “con una conexión temporal total“, Huélamo comunica “unos supuestos retrasos en la tramitación de diversos expedientes judiciales” por parte de la fiscal, “cuando hasta la fecha nunca había tenido queja del trabajo desempeñado por la misma”.
Deber de trabajar
En respuesta, la fiscal envió al día siguiente un correo electrónico a la Inspección Fiscal, dado que “no entendía por qué debía trabajar estando de baja”. La inspectora jefe contestó con un documento que tenía como destinatario a Huélamo donde “se va por las ramas” señalando que “la distribución de trabajo corresponde a los fiscales jefes“, así como “el deber de trabajar con prontitud y eficacia”.
En este sentido, el recurso incluye la transcripción de la conversación que tuvieron en el despacho de Huélamo, donde “resulta evidente que el fiscal jefe reconoce ante la fiscal que la misma lleva un lote de asuntos del que debería encargarse más de un fiscal, por la sobrecarga de trabajo que conlleva”.
Con todo, para los abogados de la fiscal, resulta evidente que “se le abre expediente disciplinario y se le sanciona por haberse atrevido a cuestionar una orden manifiestamente ilegal del fiscal jefe”, concluye la reclamación ante el Supremo.