La Policía acudió a la vivienda del centro de Madrid alertada por las quejas de los vecinos
FOTO: JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE LA RIOJA
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La Fiscalía ha solicitado que se abra juicio oral contra seis policías por entrar, tirando la puerta con un ariete, en un piso de Madrid donde se celebraba una fiesta en plena pandemia, una decisión cuestionada por la defensa, que subraya que adopte esta postura cuando no ha pedido condena para los agentes.
La Fiscalía ha solicitado que se abra juicio oral contra seis policías por entrar, tirando la puerta con un ariete, en un piso de Madrid donde se celebraba una fiesta en plena pandemia, una decisión cuestionada por la defensa, que subraya que adopte esta postura cuando no ha pedido condena para los agentes.
El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ha celebrado este viernes la audiencia preliminar para decidir si se abre juicio oral contra estos agentes por su intervención aquel 21 de marzo de 2020, una actuación conocida como “patada en la puerta”.
Durante la vista, tanto Fiscalía como la acusación particular que ejerce el inquilino de la vivienda en la que entraron los agentes han solicitado la apertura de juicio oral, mientras que la Abogacía del Estado -que defiende a cuatro de los agentes investigados- y las defensas de los otros dos policías, uno de ellos subinspector, han pedido el sobreseimiento del caso. El juez decidirá en los próximos tres días, según informan a Efe fuentes jurídicas.
Durante la vista, el letrado Juan Gonzalo Ospina, que ejerce la acusación particular, ha pedido la filiación completa de los acusados para conocer si tienen antecedentes penales, y ha aportado el temario de las oposiciones a Policía para acreditar que deben tener conocimiento sobre la inviolabilidad del domicilio.
La defensa del subinspector, ejercida por Juan Antonio Frago, ha aportado una sentencia reciente de un caso parecido, si bien el juez ha rechazado admitir estas pruebas.
También han cuestionado las defensas que la Fiscalía solicite apertura de juicio oral cuando en este procedimiento, pese a ver indicios de un delito de allanamiento de morada, defiende que se les exima de responsabilidad penal.
El fiscal, que tampoco pide responsabilidad civil, sostiene que la actuación del jefe de la intervención policial fue imprudente, una modalidad que no está expresamente recogida en el Código Penal con el delito de allanamiento de morada y, respecto a los otros cinco agentes, cree que concurre la circunstancia eximente completa de obrar en cumplimiento de un deber.
La acusación particular, por su parte, pide una condena de cuatro años de prisión.
Las defensas han criticado que la acusación particular no ha pagado la fianza impuesta por el juez dentro del periodo establecido, y han alegado que no concurre el delito de daños y tampoco el de allanamiento, dado que en la vivienda había indicios de posibles delitos flagrantes que autorizarían la entrada de los agentes, explican las fuentes consultadas.
Han insistido asimismo en que se trataba de un piso turístico y no de una vivienda habitual. (EFE)