Fachada del Tribunal Supremo. /
Noticia publicada en El Periódico de España>
La fiscal de Toledo, sancionada con 1.500 euros por retrasos en su trabajo, pese a que se encontraba de baja por un embarazo de riesgo, considera que el Tribunal Supremo la perjudica con su intención plantear una cuestión ante el Tribunal Constitucional antes de resolver su caso particular. El alto tribunal tiene dudas sobre la constitucionalidad de las normas aplicables, en particular sobre quién tiene la competencia para revisar los castigos disciplinarios a los fiscales.
Así lo señala en el escrito de alegaciones que su defensa ha presentado a requerimiento de propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, en el que advierte que la remisión del asunto al órgano de garantías “en la práctica conllevaría el incumplimiento de dicho precepto, al dejar viva la sanción más meses o años, con el correspondiente estigma” para la funcionaria.
Por ello, los representantes legales de la fiscal consideran que el Supremo debería de abstenerse de plantear la cuestión de inconstitucionalidad y proceder al dictado de la sentencia que resuelva ya la cuestión. Aún falta conocer las posturas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.