En un escrito de 12 páginas, la acusación APIF reclama la declaración inmediata de Álvaro García Ortiz
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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que ejerce la acusación popular en el caso contra el fiscal general del Estado por la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha solicitado imputar a Álvaro García Ortiz por otros dos nuevos delitos, prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos públicos. El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado investiga ya al fiscal general del Estado y a la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez por un delito de revelación de secretos.
En un escrito de 12 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la acusación APIF con la dirección letrada de Frago & Suárez Abogados solicita la citación inmediata como investigado del fiscal general: «De la prueba practicada ya a instancia del Excmo. Magistrado instructor y muy especialmente el atestado relativo al teléfono móvil de la Fiscal Jefe provincial de Madrid, debe proceder a tomarse declaración al investigado que resta. Del contenido del referido oficio se deduce claramente que la versión de que la desprotección y filtrado, máxime por las horas nocturnas a las que se produjo, solo puede venir de la persona del investigado. La prueba de la inmensa mayoría de los delitos es indiciaria y esta, que no es distinta, es plena, especialmente los whatsapp conservados en el móvil de la coinvestigada, la Fiscal jefe provincial de Madrid».
En referencia al delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos, la APIF apunta: «Llamar a su presencia a un fiscal, y por los cauces reglamentarios, es algo muy distinto a quebrantar el descanso o tiempo libre de un funcionario fiscal para que, con total nocturnidad, se le exija una documentación sensible vía whatsapp, y para que esta acabe depositada en un correo electrónico no corporativo. Es una brecha de seguridad en materia de protección de datos en toda regla. Por tanto, a nuestro juicio, el apoderamiento ilegal está claramente consumado, con lo que se habría incurrido en el delito del art. 197. 2 y 198 CP, sin perjuicio de la acreditación de la filtración del art. 417. 2 CP, que es el delito hasta ahora investigado».
Respecto al delito de prevaricación, destaca lo siguiente: «Lo que es indudablemente cierto es que el Fiscal General del Estado transmitió órdenes verbales y por un medio no ortodoxo, el whatsapp, para que, a la postre, el Fiscal D. Julián Salto redirigiera correos que no estaban al alcance de ninguno de los investigados. Por tanto, es insalvable la forma (llamadas y whatsapp fuera manifiestamente de horario laboral), la falta de constancia posterior (no se volcó esta actuación a documentos oficiales), el borrado posterior de los whatsapp del móvil del investigado Álvaro García Ortiz, prueba incriminatoria donde las haya, la falta de firma electrónica, la ausencia de legalidad al no cumplir los cauces del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de obtención de información de un inferior jerárquico, la brecha de seguridad al sacar de un entorno seguro la información secreta a un correo no corporativo, etc.».
Sobre el borrado del móvil del fiscal general
«Consideramos que debe requerirse expresamente al Delegado de protección de datos del Ministerio Fiscal, al efecto de que acredite documentalmente: los protocolos de borrado de datos que existen de terminales de almacenamiento, lo que incluye teléfonos móviles y ordenadores de toda índole, particulares o corporativos, de los miembros del Ministerio Fiscal; si se ha informado a alguna autoridad competente de la brecha de seguridad de los datos, o si ha llevado a cabo cualquier tipo de actuación al respecto (los datos que acaban en el correo no corporativo de D. Álvaro García Ortiz).
«Y cumplimentado lo anterior, interesaremos sea expresamente acordada su testifical o declaración de investigado, en función siempre de lo aportado, dado que es garante su titular. El nombre del mismo es D. Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez, con sede en Fortuny 4 de Madrid. También, por lo que sabemos, es cónyuge de la Fiscal Jefe de la Inspección Fiscal», subraya.
Cabe destacar que el magistrado Ángel Hurtado ha solicitado a la UCO que le facilite los números de teléfono e IMEI asociados de las tarjetas de los dispositivos móviles que figuran en el acta de la diligencia de entrada y registro practicada el 30 de octubre en el despacho de Álvaro García Ortiz, así como la titularidad asociada a estos números de teléfono. El instructor de esta causa señala que adopta esta decisión a la vista del resultado obtenido tras el informe pericial realizado por esta misma unidad sobre el material intervenido en el registro efectuado en el despacho del fiscal general del Estado y en razón a los datos obrantes sobre dispositivos móviles que figuran en el acta levantada con ocasión de este.
Nuevo informe de la UCO
Por último, la APIF insta al Supremo a solicitar a la UCO un nuevo informe con las siguientes diligencias: Listado de llamadas entrantes y salientes de los móviles de Álvaro García Ortiz y de María Pilar Rodríguez Fernández, que constarán en sus respectivas facturas telefónicas (siempre que no se hayan hecho por whatsapp u otras aplicaciones). Especialmente, las de la noche del 13 al 14 de marzo de 2024 van a poder acreditar si Álvaro García Ortiz habló con algún periodista, especialmente de la SER, el País o La Sexta, a lo largo de esa noche; es necesario determinar si los investigados tienen en su bandeja de contactos de teléfono y correo electrónico los contactos de los periodistas, especialmente de aquellos pedidos y acordados en cuanto a su testifical para los días 8 y 9 de enero de 2025.
Es necesario determinar en el atestado, de manera que no deje lugar a la duda, de si pueden recuperarse los whatsapp u otra mensajería instantánea, así como correos electrónicos borrados, mediante aplicaciones como Cellebrite o cualesquiera que use la UCO. Para ello, probablemente necesitará la UCO los backup de Meta, Google o de Icloud, pedidos a las filiales españolas, al efecto de evitar comisiones rogatorias; Que se listen las aplicaciones que permiten la mensajería en todos los terminales incautados (por si hubiera que pedir los backup de otras aplicaciones como Telegram, Signal, etc.); Asimismo, deben pedir a los proveedores de correo de @madrid.org, @fiscal.es y @gmail.com las correspondientes copias de seguridad que legalmente deben conservar respecto de todos los documentos administrativos.
Que se determine si se ha violentado por alguno o todos los investigados lo dispuesto en la LO 7/2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales; que se reciba del Delegado de Protección de Datos de las copias de seguridad que ha de conservar la administración; que se determine dónde estaba físicamente el Fiscal General del Estado en la franja de las 20:00 del 13 de marzo de 2024 a la 1:00 del 14 de marzo de 2024 (existe la geolocalización de los móviles y el servicio de escolta, aunque puede que nos señales que tampoco existen, como sucedió con las cámaras de seguridad dentro de Fortuny 4, a 2 metros de la puerta del despacho del FGE, claro está). Aunque la presunción hasta el momento parte de que redirigió la información, no es impensable que, directamente, estuviera junto a un periodista aquella noche.
Por último, que se determine si Álvaro García Ortiz ha cambiado de terminal móvil desde el 13 de marzo a nuestros días y los IMEI afectados (la UCO ha podido peritar un teléfono que no fuera usado por el investigado el día 13-14 de marzo).; y si ha habido otros fiscales que hayan cambiado de número de terminal inmediatamente se produjeron los registros de los domicilios profesionales.
