Durante su alegato final, el penalista Juango Ospina, que representa al inquilino de Lagasca, se ha centrado en convencer al jurado de que no pueden dejar que «el reproche moral» permita «la impunidad del delito». Y lo dice porque es consciente de que ni su cliente ni los testigos que estaban en aquel piso de fiesta esa noche gozan de las simpatías del jurado, a la luz de las preguntas que sus integrantes, por escrito y a través del magistrado que preside el tribunal, les fueron formulando. Al inquilino, británico, llegaron a recordarle que Boris Johnson dimitió por una fiesta en la pandemia.

«Da la impresión de que los malos han sido las víctimas por cómo les interrogaban», ha señalado Ospina en referencia a toda la fase de declaraciones, en la que sonaban a reproche la fiesta, que no llevasen en ella mascarillas, el desorden de la vivienda -los policías hablaban de más botellas que personas dentro- o que la mujer que hablaba con los agentes desde el otro lado de la puerta, Isabel I., no guardase las formas. «Cuidado con absolver porque no caen bien los chicos de la fiesta», ha dicho al jurado.

Su posición está clara: «no había un delito previo, no había flagrancia porque requiere de urgencia y necesidad», «tenían que haber ido con una orden judicial» y «podrían haber hecho otra cosa». «Fue una entrada arbitraria y el fin no justifica los medios. No convirtamos España en un terror penal», ha espetado.

Ospina sostiene que los de dentro «no estaban obligadas a abrir la puerta» y «no estaban obligadas a identificarse». En su opinión, si fuese tan sencillo como llamar y que si no abren la puerta, se tire abajo, no habría problemas de okupación en España.

La Fiscalía modificó su escrito de acusación porque ya no ve ilícito alguno donde antes, aún sin pedir condenas, veía un delito imposible, al considerar que lo que ocurrió fue un allanamiento por imprudencia, es decir, que entraron creyendo que la intervención era legítima y legal. Esa modalidad no existe en el Código Penal y por eso no pedía cárcel. Con todo, después de toda la prueba en la vista oral llegó a la conclusión de que tampoco habría tal delito imposible: retira completamente la acusación.

En su alegato, rebajó la presión que la acusación particular había depositado en el jurado insistiendo en que esto era una cuestión trascendental -«nadie es tan importante», le replicaría después la defensa- que se estudiará en las universidades y acabará llegando al Constitucional y que en su mano estaba acotar el poder ejecutivo de un Estado que «en los tiempos que corren, ocupa cada espacio» de la vida ciudadana.

«No. Ustedes tienen que juzgar si aquel día cometieron un delito. Ni tienen que juzgar al Estado de derecho, ni mi actuación como fiscal: tienen que valorar las pruebas y basándose en ellas tienen que decidir. Todo lo demás es adorno, es accesorio y no es objeto de su valoración», ha señalado la representante del Ministerio Público.

Durante su exposición, ha incidido en las discrepancias jurídicas que existen sobre este tipo de actuaciones policiales. «Yo no tengo constancia de que sean licenciados en derecho y les estamos exigiendo que en un momento de tensión, en plena pandemia, y en un momento difícil, tomen una decisión en la que los jueces, a meses vista y en la tranquilidad de sus despachos no son capaces de ponerse de acuerdo.

¿Cómo vamos a exigirles eso?« ha dicho al jurado. Resume la fiscal la pregunta en una: »¿Entraron para quebrar la inviolabilidad del domicilio? Entonces les tienen que condenar. Si creen que había indicios suficientes de un delito flagrante de desobediencia como para justificar la entrada, entonces les tienen que absolver«, ha dicho al jurado.

También ha tirado de didáctica el abogado defensor del subinspector que estaba al mando de los cinco agentes en la intervención policial. El penalista Juan Antonio Frago ha pedido a los integrantes del jurado «unanimidad en el veredicto de no culpabilidad» o, en caso contrario, petición unánime de indulto, en la convicción de que su cliente, como el resto de los agentes, han llegado hasta el banquillo por la proliferación de «mentiras y falacias» que se han divulgado sobre aquella actuación.

«Gracias a que tenemos grabaciones y lo podemos demostrar porque si no, estos señores estarían pensando ya el centro penitenciario al que se irían. Se ha estado adulterando la realidad y no se ha querido ver hasta este último momento y porque el magistrado ha acabado accediendo», ha señalado Frago.

Esas cintas, que la acusación intentó anular y sacar de juicio, muestran cómo dentro de la casa eran conscientes de que la policía les había dado 15 minutos para identificarse, lo que implicaba abrir la puerta. «Sólo que hay una persona que es más terca que una mula que acaba convenciendo a todos los demás», ha dicho en relación a Isabel I.

Ella pidió habeas corpus y un juez lo descartó. La resolución deja claro que «ella sabía que le habían pedido identificarse», como ha recordado el letrado. Es la «piedra angular», ha dicho, de la defensa. Porque si lo sabía, y sostiene que todos lo sabían, hubo desobediencia.