Los trámites para sentar en el banquillo al exministro Jorge Fernández Díaz, el que fuera su número dos Francisco Martínez, el director operativo de la policía Eugenio Pino y al comisario José Manuel Villarejo, entre otros, por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas han encontrado un nuevo obstáculo procesal. La defensa de uno de los encausados pide al juez Manuel García Castellón que modifique el auto por el que dio por terminada la instrucción, por existir un conflicto de intereses que tiene que ver con la Abogacía del Estado: aceptó que la Administración puede terminar siendo condenada como responsable civil por la actuación de la denominada policía política, por lo que debería ser expulsada del grupo de acusaciones en esta causa.

Según ha alertado al juez la defensa de Martínez, que ejercen los letrados Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, una misma persona jurídica no puede ocupar el rol acusador y de defensa simultáneamente, «por el evidente conflicto de interés». Por ello creen que los Servicios Jurídicos del Estado deben ser expulsados como acusación particular y pasar a defender los intereses de los ciudadanos frente a la responsabilidad civil a la que pueden ser condenados.

Petición de la familia Bárcenas

En el escrito remitido al juez, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, los defensores del que fuera número dos de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy han comprobado que en su escrito de acusación, la familia Bárcenas solicita la responsabilidad civil de Estado, algo que acordó el propio instructor en su auto de apertura de juicio. Respondía así favorablemente a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y otras acusaciones.

Por eso, para esta parte, «es necesario que se dé traslado a la Abogacía del Estado en el plazo común para presentar escrito de defensa como responsable civil y, por lo tanto, sea expulsada como acusación particular, pues una misma persona jurídica no puede ser a su vez acusación y defensa, por el evidente conflicto de interés que tal situación genera».

En el caso de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acceda, los abogados de Martínez instan a que se «sincronicen de nuevo los plazos procesales de todas las defensas, dado que se daría un privilegio a la Abogacía del Estado, al tener un plazo posterior para formular sus argumentos.