El que fuera número dos de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que archive la nueva causa abierta contra él por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Catellón. Se investigan las supuestas presiones al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y a su exabogado Javier Gómez de Liaño (Kitchen 2). Considera que ha sido imputado por el mero hecho de que los investigadores le atribuyan el apodo «Chisco» que aparece en las agendas de Villarejo. «¿De qué debe responder (…)? ¿De lo que escribe otro?».

Así argumenta su apelación ante la Sala de lo Penal el el aboogado y fiscal en excedencia Juan Antonio Frago y la letrada Verónica Suárez, que ejercen la defensa de quien fuera secretario de Estado de Seguridad durante la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. Martínez ha sido llamado a declarar por su supuesta participación en las presiones al abogado y exjuez Gómez de Liaño el próximo 20 de febrero.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el letrado cuestiona que el auto de imputación llegue a señalar que, por el momento, ningún testigo o investigado “ha avalado la intervención” de Martínez.

La acusación se centra entonces en unos apuntes de una agenda localizada a Villarejo «en la que se supone que se refiere a nuestro representado como “Chisco” (cuando en la Pieza 7 o Kitchen le refieren Policía y Fiscalía como “Choco”), no habiendo llamado nadie, jamás, “Chisco” al Sr. Martínez y tampoco “Choco”».

«No se puede investigar penalmente a una persona en un país supuestamente serio como el nuestro, sobre unos apuntes telegráficos, solo palabras sueltas, de una agenda en la que no se refieren nominalmente al individuo supuestamente infractor, y máxime cuando el señor Villarejo no lo ha mencionado en ningún momento cuando declaró en esta misma pieza como testigo», agrega el escrito.

Posible prescripción

Cuestiona que el auto en el que se involucra a Martínez en estos hechos no concrete el tipo penal por el que debe ser investigado, algo que es clave a efectos de analizar si los hechos pudieran estar prescritos «dado que en el presente procedimiento se dilucidan cuestiones acaecidas hace más de 10 años«, agrega.

«Por mucho que las calificaciones jurídicas puedan ir evolucionando a lo largo del procedimiento, en función de las pruebas que se practiquen, la diferencia entre un procedimiento jurisdiccional y otros fenómenos como tertulias o debates radica en que el proceso está encaminado a acreditar la concurrencia de un delito» reprocha el abogado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.

Igualmente, rebate que el propio Villarejo sea tenido como testigo en el procedimiento «cuando, se supone por mera lógica interna», que el entonces comisarío habría participado junto Martínez «en lo que sea que le quieran imputar» «¿Y cómo puede ser lógico, internamente hablando, que la señora Cospedal (ex secretaria general del PP) declarase en calidad de testigo y nuestro representado se citado como investigado?», añade.

En el marco de esta causa declaró en noviembre la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quien reconoció que se reunió con Villarejo en cinco o seis ocasiones, al tiempo que aseguró que no recuerda que en esos encuentros hablasen del extesorero de la formación Luis Bárcenas o de su abogado, Javier Gómez de Liaño, desmarcándose así de las supuestas presiones a ambos.

Además de citar a Martínez, García Castellón también ha citado el próximo día 20 al que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino basándose en los elementos de cargo «derivados de las denominadas agendas del investigado José Manuel Villarejo Pérez», según precisaba en su resolución. Por el momento, deja fuera de este procedimiento al que fuera director de la Policía Ignacio Cosidó y al abogado del Estado en excedencia Alejandro Auset argumentando que ninguna de las declaraciones practicadas a lo largo de la instrucción y ninguno de los documentos aportados al procedimiento ha puesto de relieve algún tipo de conexión.

Esta a investigación se enmarca en la pieza separada número 36 de la macrocausa Tándem, que se abrió para investigar las presuntas presiones ejercidas sobre Bárcenas y el exmagistrado para que no se publicaran informaciones sobre el PP vinculadas a la trama ‘Gürtel’. Se incoó a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Marbella, acordada tras unas diligencias en las que se había ordenado la entrada y registro en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner.

A raíz de dicha entrada y registro se tuvo acceso por los investigadores a una dirección de correo electrónico en la que constaban cuatro archivos de audio que, en fecha 20 de octubre de 2014, fueron remitidos, desde la dirección de correo electrónico correspondiente al despacho profesional del abogado Javier Gómez de Liaño.

Dichos archivos de audio «pondrían de manifiesto de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido como ‘Gürtel’, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario», según se deduce de la instrucción realizada hasta el momento.