La tesis defendida por Gómez de Liaño es que «gente del entorno del PP» le espió y presionó para que el extesorero de partido no perjudicase a la formación política, una vez estalló el escándalo de la Gürtel.

Juan Antonio Frago, en su recurso de apelación, se opone a esta tesis. «Se cita a nuestro patrocinado [Francisco Martínez] como investigado por unos hechos presuntamente delictivos, pero sin especificar cuál es el delito investigado, sin que ningún testigo o investigado le haya mencionado, sino solo a partir de algunas palabras garabateadas en una agenda cuyo autor [Villarejo], único responsable de lo que escribe, ha sido citado como testigo de los hechos, porque se infiere que los innominados ilícitos pudieron cometerse para favorecer a una organización política, cuya representante [Cospedal] también es citada como testigo», reprocha el abogado.

Para ello, presuntamente, habrían tratado de chantajear a Gómez de Liaño con unos supuestos pagos a su favor, efectuados desde Suiza, por Kalashov, un mafioso rusogeorgiano al que también defendió el letrado y antiguo juez, quien siempre ha negado cualquier irregularidad durante su labor como letrado.

En efecto, en las agendas de Villarejo aparece el nombre de un tal «Chisco», que sería el apodo de Francisco Martínez, junto a la anotación «Operación Kalashov». Es por ello que García-Castellón consideró «pertinente» interrogar al exsecretario de Estado sobre este asunto. La Fiscalía Anticorrupción lo apoya.

Asimismo, critica que los indicios para citar a Martinez sean «unos garabatos manuscritos, que, por no saber, no sabemos siquiera qué indican, por lo que difícilmente pueden calificarse de indicios». Además, subraya que, pese a no tener claro qué delito se imputa al exnúmero dos de Interior habrían pasado ya diez años desde aquellos hechos, que, de haber ocurrido, lo habrían hecho en 2013. Una década después —advierte el recurso— es probable que hubiesen ya prescrito.

«No es lo mismo sostener que (…) se le quiso imputar falsariamente [a Gómez de Liaño] haber cobrado de un mafioso ruso [Kalashov] en Suiza a que este elevado cobro fraudulento fuera real o a que esto lo planificara, como autor de un delito, el señor Martínez o que el señor Martínez fuese informado de algo que hizo la Policía Nacional por su cuenta», expone su letrado. No obstante, el recurso niega «expresamente» que la antigua mano derecha del ministro Jorge Fernández Díaz conociese ningún detalle de los hechos que se investigan.

«Negamos expresamente cualquier conocimiento por nuestro representado, pero a un nivel jurídico debemos hacer ver que no es lo mismo la autoría de un delito que una supuesta comunicación de algo que otros han planificado y/o ejecutado que [el hecho de que] a una persona le digan que se ha cometido el delito por otros», razone el escrito.

Por todo ello, la defensa de Francisco Martínez solicita que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anule el auto en el que García-Castellón cita como investigado al exsecretario de Estado de Seguridad «al haber transcurrido más de diez años de los hechos que en la causa se investigan».

«Encargo» del entorno del PP

¿Qué hechos son éstos? «Un supuesto encargo por personas vinculadas al Partido Popular de servicios dirigidos a la obtención de informaciones relativas a Luis Bárcenas, imputado [entonces] en un procedimiento penal [el caso Gürtel] y a su abogado defensor en ese procedimiento, el señor Gómez de Liaño, que pudieran ser utilizadas para presionar a ambos y evitar que pudiesen difundirse datos comprometedores para ese partido«. Así lo resumió la Sala de lo Penal en el auto en el que corregía la negativa de García-Castellón a citar a declarar a Cospedal y Villarejo. La misma Sala de lo Penal a la que la defensa de Martínez solicita que anule su imputación.

En esta causa judicial ya constaban otros investigados, a los que se ha sumado el exsecretario de Estado de Seguridad. A la vez, lo hacía —también a petición de Gómez de Liaño— Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional.