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La Abogacía del Estado, que junto a la Fiscalía ha ejercido la defensa del fiscal general, ha puesto en la picota a la UCO o al juez Hurtado.
Hay tres puntos básicos sobre los que pivota la defensa del fiscal general del Estado, encarnada por la Abogacía del Estado y también, de manera excepcional, por el Ministerio Público, y que suponen arrastrar por el barro a algunas de las instituciones más importantes del país, como son la propia Fiscalía, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Tribunal Supremo.
Álvaro García Ortiz decidió no dimitir, ni siquiera al ser procesado; es más, durante el histórico juicio contra él se revistió de toda la pompa estética que le confiere su cargo – con su toga y sus puñetas blancas se sentó junto a sus abogados-. Todo ello contribuyó a simbolizar de manera clara lo que ha significado este proceso, que no es otra cosa que el Estado contra el Estado. Una quiebra institucional sin precedentes, que ahonda en su desprestigio de cara a la ciudadanía.
Según se iban sucediendo las sesiones en la más alta instancia jurisdiccional del país, los servicios jurídicos del Estado ponían en la picota una u otra cuestión, jaleados por todos los medios de la órbita del Gobierno. Se trataba de desacreditar las principales pruebas indirectas que permiten señalar al fiscal general como autor de un delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 417 del Código Penal, que afectan a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Adriana Lastra o «la fiscal de Ayuso»
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, es la principal testigo contra García Ortiz. Su testifical es absolutamente demoledora. Lastra declaró que la mañana del 14 de marzo de 2024 (unas horas después de que se produjera la filtración, que fue el 13 por la noche) recibió una llamada de García Ortiz. No le dio ni los buenos días a su superior y le espetó en tono de reproche: «¡Has filtrado los correos!». A lo que él le respondió: «Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes». «A mí sí me importaba. Eso se me quedó grabado en el alma», señaló Lastra.
Se refería el fiscal general a la nota de prensa que fue elaborada por Mar Hedo, directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, al dictado del propio García Ortiz la noche de autos, según reconoció ella misma en el Supremo, y que también contenía datos reservados del novio de Ayuso. Con ella, y entrando en detalles como que González Amador había reconocido los delitos fiscales, se pretendía desmentir de manera oficial a El Mundo, Libertad Digital y VozPópuli.
«Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa», dijo el fiscal general en abril del pasado año. La nota se emitió con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, y no de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, al frente de la cual está Lastra, que había mostrado su oposición a publicar ese comunicado.
Antes y después de aquella llamada, García Ortiz contactó con Lastra para insistirle en que diera publicidad a la nota de prensa que contenía información de los emails cruzados entre la defensa del novio de Ayuso y el fiscal del caso, Julián Salto. «Es imperativo sacarla», le escribió el fiscal general y agregó: «Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato».
La Cadena Ser fue el primer medio en avanzar aquella noche del 13 de marzo que la Fiscalía preparaba un comunicado que sería difundido en las próximas horas. También fue el primero en incluir entrecomillados del correo filtrado. Lastra declaró en el juicio que esa noche iba escuchando la emisora de Prisa y le resultó llamativo que el periodista Miguel Ángel Campos dijera que la Fiscalía en esos momentos estaba preparando la nota de desmentido que se divulgó el 14 de marzo de 2024 por la mañana. «Yo, que era la que la tenía que prepararla junto a Íñigo (Corral) – jefe de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid- no la estaba preparando, no lo sabía, por lo que nos quedamos los dos…».
Y si La Ser fue el primer medio en avanzarlo, El País fue el primero en publicar la nota. Lo hizo pasadas las 7 de la mañana del día 24 y en el artículo se transcribían de modo literal fragmentos de dicha nota que sería difundida de forma oficial tres horas más tarde.
Para Lastra no era necesario entrar en «tanto detalle» para que quedara claro que la oferta para alcanzar un acuerdo de conformidad había partido del abogado del novio de Ayuso, una cuestión, además, jurídicamente irrelevante. Se podría haber dado la información sin «desvelar la estrategia de defensa de un investigado en una causa penal». «No había que decir si había o no había reconocido los hechos porque, insisto, muchísimas veces los abogados se dirigen a la Fiscalía sin haber hablado con sus clientes, sencillamente para ver en un primer tanteo, si hubiera un acuerdo, en qué márgenes nos moveríamos». «No había que entrar en tantos detalles para desmentir la noticia», incidió.
Lastra se había opuesto también a las prisas que mostró el fiscal general aquella noche del 13 de marzo. Pidió a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, no hacer nada hasta examinar con calma al día siguiente la cadena de correos electrónicos entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal Salto. Pero Rodríguez no le hizo caso y envió todos los documentos a la cuenta personal de gmail de García Ortiz a las 21:59 horas. «Dan ganas de incorporar un poquito de cianuro«, le dijo al fiscal general por WhatsApp.
Tras su contundente testimonio, la abogada del Estado Consuelo Castro, fichada en el último momento para unirse a la defensa del fiscal general, lanzó esta pregunta a Lastra en el Supremo: «Uno de los periodistas que declaró aquí dijo que su fuente estaba en una planta tercera. ¿En qué planta está la Fiscalía Superior de Madrid?«. «En la planta tercera del edificio del Tribunal Superior de Justicia», contestó la fiscal.
Se refería Castro al periodista de la Cadena Ser, quien declaró que tuvo acceso al célebre correo antes que el fiscal general. Su fuente, un hombre, según dijo Campos, le recibió la tarde del 13 de marzo en su despacho, ubicado en «una tercera planta» de un edificio oficial, y le mostró el correo. Le dejó tomar notas, pero no le dio una copia y, minutos después, se arrepintió y le llamó para rogarle que no dijera nada. Este veto se lo levanta una vez que el fiscal general tiene en su poder el correo.
Otro periodista, el que fuera subdirector de El País y en la actualidad director adjunto de eldiario.es, José Manuel Romero, fue más allá y haciendo un peculiar uso del derecho al secreto profesional apuntó que los primeros datos acerca de los intentos del novio de Ayuso para cerrar un acuerdo con el Ministerio Público le llegaron un día antes de «fuentes de toda solvencia de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid«. Romero, no obstante, no declara haber tenido el correo en su poder.
Así las cosas, desde la izquierda se comenzó a señalar a Lastra o a su entorno más próximo como autores de la filtración. Para apuntalar este relato era necesario hacer creer que la fiscal superior depende jerárquicamente de la Comunidad de Madrid, de la mismísima Isabel Díaz Ayuso. «Alto y claro. Una fuente de la FISCALÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID«, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, la también adjunta al director de eldiario.es, Esther Palomera. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián espetó desde la tribuna del Congreso de los Diputados el pasado miércoles, haciéndose eco del famoso bulo de «M.Rajoy»: «Cualquiera diría que están juzgando al fiscal general del Estado con el juez de Rajoy – porque el juez Hurtado 15 años después aún no sabe quién es M.Rajoy- y con la fiscal de Ayuso«. Ángel Hurtado fue el magistrado instructor de la causa contra el fiscal general.
En este punto, cabe destacar varias cosas. El superior jerárquico de Almudena Lastra es el fiscal general del Estado, nada tiene que ver la Comunidad de Madrid con ella. La Fiscalía es un órgano jerarquizado a cuya cabeza se sitúa el fiscal general del Estado, nunca una comunidad autónoma.
Fue, de hecho, la anterior fiscal general, Dolores Delgado, quien nombró a Lastra fiscal superior de Madrid. Y es que Lastra siempre formó parte de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma asociación a la que pertenecen García Ortiz y Delgado, y en ella estuvo hasta 2023 cuando se dio de baja junto a otros destacados miembros, como el fiscal Javier Zaragoza o Carlos Castresana. Lo hicieron después de que García Ortiz eligiera a Delgado para ocuparse de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Este nombramiento fue anulado por el Alto Tribunal al considerar que el Consejo Fiscal debió pronunciarse sobre el conflicto de intereses con su pareja, Baltasar Garzón.
«Se ha criminalizado una actividad institucional de dación de cuenta y de emisión de un comunicado para salir al paso de informaciones que ponían en cuestión a los fiscales, a la Fiscalía y al fiscal general del Estado«, concluyó el abogado del Estado, José Ignacio del Ocio, en su alegato final pronunciado este jueves. Un día antes su defendido, García Ortiz, arremetió durante su declaración contra Lastra a la que acusó de tener «desafección» con la actual cúpula de la Fiscalía General y mostrar una actitud «obstruccionista» la noche de la filtración.
Es decir, por un lado García Ortiz justifica su actuación – que no la revelación de secretos, delito del que se declara inocente- en un intento de limpiar el honor de los fiscales que, según él, quedaba manchado por la información de El Mundo, Libertad Digital y VozPópuli, pero, por otro, desacredita a la fiscal Almudena Lastra en un intento de sembrar la duda razonable entre los siete jueces que componen el tribunal.
La acusación Asociación de Fiscales defiende la "honradez" de Almudena Lastra "porque lo ha arriesgado todo por decir la verdad" y critica al Fiscal: "Ella pregunta 'lo has filtrado' y él responde 'eso no importa'. ¿Qué fiscal dice eso a un superior?" https://t.co/UvpMKI3hGc pic.twitter.com/7lxXtKzYCx
— Europa Press (@europapress) November 13, 2025
El papel de la UCO
Otra de las declaraciones absolutamente demoledoras contra el fiscal general del Estado fue la realizada por los peritos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, en concreto, por el teniente coronel Antonio Balas, quien ya antes de esto se encontraba en el punto de mira del Gobierno. Se ha conocido que la fontanera del PSOE, Leire Díez, quería verlo «muerto».
De la UCO es el informe donde se constata que el fiscal general borró todos los mensajes de WhatsApp, de su cuenta de correo, y cambió de terminal. «Él nos dijo cuando fuimos a registrar su despacho que lo había destruido«, señalaron los agentes sobre su teléfono móvil. Y si existen mensajes de WhatsApp de aquella noche es porque se hallaron en el móvil de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que no los borró. Los agentes reconocieron también que no es posible saber con «certeza técnica» si el fiscal general los borró el día que fue imputado por el Alto Tribunal. «Se han tomado las medidas para que esa certeza técnica no sea posible».
Pero Balas sí declaró en el Supremo que, «durante todo el proceso, lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general». A preguntas de la Fiscalía señaló que sólo la Fiscalía General del Estado tuvo el expediente tributario completo y la denuncia del fiscal contra Alberto González Amador cuando fue filtrado a eldiario.es. La primera información que se publicó sobre el novio de la presidenta fue el día 12 de marzo en el medio de Ignacio Escolar.
El teniente coronel afirmó que, en aquellos momentos, ni el caso estaba judicializado ni la Fiscalía Superior de Madrid, a cuyo frente se sitúa Lastra, tenía la documentación completa que acabó, primero en manos de la Fiscalía General, y luego de eldiario.es. «Todo lo que se ha filtrado textualmente, antes estaba en manos de la Fiscalía General del Estado«, aseguró con rotundidad.
La documentación la reclamó la mano derecha de García Ortiz, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, el 7 de marzo de 2024. Tanto Villafañe como Rodríguez estuvieron imputados aunque la causa acabó archivada para ellos al entender el Alto Tribunal que cumplieron órdenes del fiscal general.
Respecto a la nota de prensa, Balas aseveró: «Es el fiscal general quien dice y quien mueve esa nota de prensa y quien tiene la urgencia de darla». «Quien sabe cómo va a salir es la Fiscalía General del Estado y el periodista de La Ser, porque apunta que la nota saldrá en las próximas horas. Se ve que hay una comunicación con quien sabe, con quien tiene el dominio», agregó el teniente coronel que centró la filtración del correo de la confesión exclusivamente en la Cadena Ser.
Y es que Balas explicó que, de todas las noticias analizadas en los momentos de la filtración, la única que contaba datos concretos del correo donde la defensa de la pareja de Ayuso transmite al fiscal Julián Salto que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública» fue la de la emisora de Prisa. A los agentes de la UCO les «parece curioso» que Campos, el periodista que da la información en La Ser, llamara esa noche del 13 de marzo a García Ortiz. Una llamada que duró cuatro segundos. El periodista asegura que saltó el buzón de voz y que el fiscal general nunca contestó.
La Abogacía del Estado acusó a los peritos de la UCO, que actuaban como Policía Judicial, de cometer ilegalidades en su actuación. Son los mismos que van de la mano de la Fiscalía en multitud de procedimientos, también los que investigan la corrupción del Gobierno, sin que sus métodos hayan sido nunca cuestionados por el Ministerio Público.
La Abogacía del Estado denuncia que el registro del despacho del fiscal fue «desproporcionado», que la orden «no fue cumplida» y que «se clonó y copió sin cobertura legal»: «Supone una vulneración de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos» https://t.co/wHm4EvAP09 pic.twitter.com/u4yTbPVRvr
— Europa Press (@europapress) November 13, 2025
Castro los acusó de copiar íntegramente los dispositivos de su defendido sin autorización judicial; de manipular una secuencia de whatsapps entre Pilar Rodríguez y Diego Villafañe; de «inferir» demasiadas cosas «con un alto grado de taxatividad»; de centrar su investigación únicamente en García Ortiz y pasar por alto a todas las personas que habrían tenido acceso a la documentación. «Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas», le replicó con aplomo Balas.
Objetivo último, el Tribunal Supremo
El futuro próximo de Álvaro García Ortiz lo decidirán los siete magistrados del Supremo que integran el tribunal. Ellos, y sólo ellos, serán los encargados de dilucidar si los indicios que pesan sobre él tienen la suficiente carga probatoria como para enervar su presunción de inocencia. Todo ello a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sentenciara su inocencia el pasado fin de semana en una entrevista concedida a El País.
Esta injerencia en el Poder Judicial, tan alejada de las democracias liberales, es sólo una muestra, la más contundente, de que el objetivo final es el Alto Tribunal. La izquierda lleva semanas preparando el terreno que permita acusar a sus jueces de «prevaricación» y «lawfare».
De hecho, la Abogacía del Estado arrancó el juicio pidiendo anular la investigación de Hurtado por «inquisitorial» y «prospectiva». Los servicios jurídicos del Estado consideraron el pasado 3 de noviembre que Hurtado actuó siempre de manera «predeterminada» para buscar la culpabilidad del fiscal general, desechando cualquier elemento que apuntara a otros posibles responsables de la filtración.
Así las cosas, si los magistrados finalmente concluyen que existen dudas que hacen imposible condenar al fiscal general, se señalará sin miramientos al instructor del caso, Ángel Hurtado. «Ya dijimos que este juicio no debería haberse celebrado nunca», argumentará la izquierda. Una proclama que viene repitiendo desde que García Ortiz fuera enviado al banquillo de los acusados. En este punto cabe recordar que la instrucción de Hurtado fue avalada, además, por la Sala de Apelaciones del Supremo. Si, por contra, es condenado, se desatará una campaña de descrédito contra la más alta instancia jurisdiccional del país o, en su defecto, contra la mayoría de jueces que tomen esta decisión.
En este sentido, es altamente ilustrativo el comentario que en X publicó Antonio Maestre, colaborador habitual de La Sexta: «La derecha ha derruido la confianza en instituciones como el Tribunal Supremo y la UCO. Tensar tanto la goma tiene el riesgo de que se rompa y te salte los dientes. Jueces como Manuel Marchena, que se las veían muy felices viendo a su archienemigo Álvaro García Ortiz ante un juicio oral que creyeron que le haría dimitir, ahora tienen el marrón de condenar sin pruebas, con los revolcones que vendrán de Europa después, o absolver dejando a los pies de los caballos a su propio tribunal y a la unidad de la Guardia Civil que investiga estos casos y que hasta ahora todo lo que decía se tomaba como grabado en piedra. Nada que decida el Tribunal Supremo dejará indemne a la propia institución. La erosión ya es imposible de evitar, cuando se hacen chirriar los resortes del Estado corres el riesgo de hacerlo gripar».