Aduce que la petición de los socialistas para que se abriera ya juicio oral buscó aminorar la repercusión mediática de noticias desfavorables al Gobierno, como son las negociaciones entre PSOE y Bildu para la investidura

Anticorrupción avisó al juez de Kitchen de que Fernández Díaz podría alegar «dilaciones indebidas» si no enviaba el caso ya a juicio

Noticia publicada en EL Periodico de España

El que fuera secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, ha presentado un nuevo escrito en la Audiencia Nacional con el que pretende anular el auto de apertura de juicio oral por la causa Kitchen, que le sienta en el banquillo con una petición de condena de 15 años de cárcel junto al que fuera su superior Jorge Fernández Díaz y otros exmiembros de la cúpula de Interior acusados del espionaje al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas.

Si hace unos días solicitó que el PP, como partido, también pueda ser juzgado como responsable civil a título lucrativo, este lunes su defensa -que ejercen los letrados Verónica Suárez y el fiscal en excedencia Juan Antonio Frago-, pide que la apertura de juicio oral se anule por errores formales. Argumentan que el instructor de la causa, Manuel García Castellón, incluye en su escrito delitos que corresponden a otro tipo de procedimiento y que además se ha olvidado de resolver previamente su petición de expulsión del PSOE y Podemos de la causa. 

La razón, según los letrados, es que se forzó la apertura de juicio oral en respuesta a una petición del PSOE que no buscaba otra cosa que restar repercusión mediática a las negociaciones entre la formación de Pedro Sánchez y Bildu para la investidura. 

Esta defensa basa sus afirmaciones en el hecho de que el pasado 11 de octubre, dos días antes de la apertura de juicio oral, la acusación popular ejercida por el PSOE presentara escrito solicitando el dictado expreso del auto de apertura del juicio oral, siendo el 12 festivo nacional y acordándose la medida el día 13.

La citada resolución, según señala esta parte en su escrito, coincidió en la prensa con «las negociaciones del mismo PSOE con Bildu y siendo objeto de una notoria e intensa repercusión mediática el auto». Así, entienden que la premura en atender la solicitud de dicha acusación popular –no así, las de otras partes del proceso– ha originado los motivos de nulidad. 

Cuestiones formales

«Se ha abierto juicio oral por al menos tres delitos que corresponden al procedimiento de sumario ordinario, sin que ninguna de esas acusaciones recurriese el auto de procedimiento abreviado al objeto de la transformación en sumario ordinario», agregan, en relación con el delito de secuestro que apunta la familia del propio Bárcenas y otros de organización criminal que apuntan contra los procesados las representaciones legales del propio PSOE y Podemos.

También se quejan los abogados de que no se ha atendido, antes de llevar el asunto a juicio, la petición de esta parte para que se expulse del procedimiento a los dos partidos citados, que ejercen la acusación popular. «De dicha solicitud ninguna respuesta se ha recibido y, sin embargo, la solicitud de apertura del juicio oral formulada por la acusación ejercida por el PSOE fue atendida inmediatamente con el dictado del auto que ahora impugnamos, concretamente, dos días después de que fuese solicitado», agrega esta parte.

Este periódico informó, sin embargo, que la Fiscalía Anticorrupción había advertido ya al instructor de la causa, mediante un escrito con fecha del 28 de septiembre, de que si no dictaba ya la apertura de juicio oral del caso Kitchen, en el que también está procesado el comisario jubilado José Manuel Villarejo, los imputados podrían beneficiarse de «dilaciones indebidas», por lo que una ulterior condena debería ser revisada a la baja.