El abogado de la APIF Juan Antonio Frago llega al Tribunal Supremo. (Europa Press/Eduardo Parra)
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En representación de la Asociación de Independiente de Fiscales (APIF) piden seis años de prisión para el fiscal general del Estado, al que atribuyen también un delito de prevaricación
Hace solo unos días, la acusación popular que ejerce la Asociación de Independiente de Fiscales (APIF) contra Álvaro García Ortiz en su caso ante el Supremo presentaba su escrito de acusación y reclamaba seis años de prisión para el fiscal general. Tras la estrategia legal de esta parte, en la que un grupo de fiscales acusan al que es su jefe máximo, se encuentra el bufete Frago & Suárez. Un equipo de cuatro abogados penalistas dirigidos por Juan Antonio Frago y su socia Verónica Suárez metido en una de las batallas legales más tensas de los últimos años.
En entrevista con El Confidencial, los cuatro abogados explican cómo acabaron en este embrollo. Frago fue fiscal durante muchos años y presidió la APIF. Recibió el encargo de su asociación y se puso a ello. «Los hechos eran excesivamente graves y habían pasado por dos filtros antes de llegar al Supremo. La asociación se decidió ante la evidencia de que, en el caso, la Fiscalía no era proclive ni siquiera a que se investigara la verdad material«. «Nunca nos planteamos dar un paso al lado y ponernos a silbar. No va con nuestra filosofía»,
Era un desafío que no quisieron perderse. La trayectoria como fiscal de Frago ayudó a su estrategia legal en algunos momentos, relatan. Se fijaron en pequeños detalles. Por ejemplo, conocieron que había fiscales que habían borrado sus móviles justo después del registro al despacho del fiscal general y lo denunciaron. No se creyeron la tesis del protocolo de borrado en el que se escuda el fiscal general para explicar la eliminación de sus mensajes. «Era evidente que la cúpula de la Fiscalía estaba arropando al fiscal general del Estado«, recuerda.
Respecto a las líneas maestras de su escrito de acusación el abogado Álvaro Bernad incide en que se han diferenciado del resto de acusaciones al plantear que la conducta del fiscal general no solo apunta a una revelación de secretos sino también a una prevaricación «porque la información confidencial se consiguió vulnerando toda la normativa que regula las daciones de cuenta». García Ortiz se prevalió de su cargo para obtener datos privado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, defienden.
La pena que reclaman supondría, en caso de ser condenado, una entrada en la cárcel:
– Pregunta: ¿El fiscal general del Estado debe entrar en prisión en vuestra opinión?
– Respuesta: «Es un ciudadano más, si le condenan, desde luego que debe entrar en prisión. La ley es igual para todos. De hecho, en su caso es más grave, ya que ocupa un cargo constitucionalmente previsto. Debería suponer una gran responsabilidad que ha quedado absolutamente envilecida por su actuación«.
Bernad pone un símil para explicar la actuación que atribuyen a García Ortiz. «Supongamos que el médico de García Ortiz tiene todo su historial médico y él sale diciendo que está perfecto de salud. El médico piensa: ‘pues no es verdad, tiene varias enfermedades. ¿Eso le legitimaría al médico para poner en la portada de un periódico las enfermedades que sufre? Hay unos datos confidenciales y que digan que persiguen la verdad no legitima para difundirlos«.
Respecto a las pruebas fundamentales que pesan contra el jefe de la Fiscalía, el cuarto miembro del equipo, Napoleón Cánovas, apuntan al informe en el que la UCO refleja el tráfico de mensajes que mantuvo en las horas previas la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez. «Se ve el ritmo frenético en ese momento clave», explica. «Se comunican sin parar». Incluso en el móvil de García Ortiz, de donde se pudo rescatar el tráfico de llamadas, se aprecian más de 20 llamadas a unas horas poco habituales, pasadas las 12 de la noche.
«Hay unos datos confidenciales y que digan que persiguen la verdad no legitima para difundirlos»
«La prueba es aplastante», indican. Por supuesto, también está el borrado de las comunicaciones. Verónica Suárez destaca que lo llevó a cabo «sabiendo que ya estaba siendo investigado». «Lo hizo en el momento en el que conoce su implicación en la causa», destaca. También señalan incongruencias de su defensa, como el hecho de alegar indefensión por el hecho de no poder ya acceder a sus comunicaciones y, a la vez, recurrir las comisiones rogatorias para recuperarlas.
El equipo se muestra muy crítico con la actuación de la Fiscalía. «Nunca jamás, en 20 años de ejercicio profesional, 15 de ellos de fiscal, he visto que un fiscal recurriera un auto de entrada y registro o que se alineara absolutamente con todos los escritos de la defensa y se opusiera a todos los de las acusaciones. O que sermoneara al instructor acusándole de vulnerar sus garantías constitucionales».
Respecto a la permanencia de García Ortiz en su cargo, el bufete anticipa que dará la batalla para buscar su suspensión tras la apertura de juicio oral. «Es preceptivo. Cuando un cargo público se ve en esta situación, se le tiene que apartar. Sobre todo por la interferencia que puede suponer. No puede seguir siendo el jefe de la fiscal que participe en su juicio».
Queda sobrevolando una última duda. «Si el filtrador no fue el fiscal general del Estado tampoco nadie en la institución ha querido explicar quién lo fue«.