Álvaro García Ortiz preside la Junta de Fiscales en la Fiscalía Superior de Aragón – Ramón Comet – Europa Press
Noticia publicada en LARAZON.ES>
La acusación popular reclama que se suspenda de empleo y sueldo al fiscal general cuando el Supremo abra juicio oral contra él
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pide una condena de seis años de cárcel y doce de inhabilitación absoluta por delitos de prevaricación y revelación de secretos para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la divulgación de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Asimismo, en su escrito de acusación -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- reclama que declare en el juicio como testigo el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, envuelto en plena polémica por el supuesto cobro de comisiones a cambio de amañar adjudicaciones públicas que ha puesto de relieve la Unidad Central Operativa (UCO) a raíz del análisis de los audios grabados por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.
La acusación popular reclama además que se suspenda de empleo y sueldo tanto a García Ortiz como a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, para quien solicita una condena de cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación, desde el momento en que el Tribunal Supremo (TS) abra juicio oral contra ambos.
De forma subsidiaria, el letrado de la acusación, Juan Antonio Frago, reclama para el fiscal general una pena de cinco años de prisión, multa de 30.000 euros y una inhabilitación para ejercer como juez o fiscal durante cinco años o, en su defecto, la suspensión de empleo y sueldo durante cuatro meses.
En cuanto a la fiscal jefe de Madrid, APIF también propone una pena alternativa a la principal de cuatro años de cárcel, multa de 30.000 euros y una inhabilitación de cinco años para ejercer de fiscal o juez.
Lista de testigos
Como prueba anticipada, quiere que la UCO compruebe si en el teléfono de los querellados figuran, entre otros, los teléfonos de la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera (quien facilitó a Juan Lobato, entonces líder del PSOE de Madrid, el correo en el que el abogado de González Amador asumía el fraude fiscal y ofrecía un pacto a la Fiscalía, para que lo utilizara en la Asamblea contra Ayuso el 14 de marzo del pasado año); el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez (quien filtró un correo posterior al anterior en el que la Fiscalía se mostraba dispuesta a llegar a un acuerdo); y varios periodistas.
Además de Santos Cerdán, la acusación pide que declaren como testigos la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; el fiscal Julián Salto, encargado de la investigación contra González Amador por supuesto fraude fiscal; la propia Sánchez Acera; Juan Lobato; González Amador; Carlos Neira, su abogado en la causa por delito fiscal: la fiscal jefa de la Inspección, María Antonia Sanz; el delegado de Protección de Datos de la Fiscalía, Agustín Hidalgo (para que sea interrogado sobre el supuesto protocolo que invocó García Ortiz para justificar el borrado de sus mensajes una semana después de que el Supremo abriera la causa penal contra él); el decano del ICAM (que también ejerce la acusación popular), Eugenio Ribón; los responsables de prensa de la Fiscalía General y de la Fiscalía Provincial de Madrid; y varios periodistas.